El artículo 108 de nuestra Constitución es categórico y no admite interpretaciones complacientes: nadie, ni siquiera el Presidente de la República o los gobernadores de los estados, está por encima de la patria cuando se comete el delito de traición. Este precepto no es una mera figura retórica; es el límite infranqueable del pacto social. Sin embargo, en el complejo y a menudo cínico engranaje de la política mexicana, la frontera entre la responsabilidad constitucional, el blindaje del fuero y la verdadera justicia suele diluirse en un mar de discursos contradictorios, cortinas de humo y batallas de comunicación.
La reciente crisis institucional que sacude al estado de Chihuahua tras la caída y vinculación a proceso del exfiscal César Jáuregui —acusado por la justicia federal de traición a la patria y violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, tras un trágico operativo secreto coordinado con agencias extranjeras al margen del gobierno federal— pone en el centro de la discusión un dilema estructural: ¿dónde termina la legítima autonomía estatal y dónde empieza la vulneración inaceptable de la soberanía nacional?
Cuando un operativo clandestino, ejecutado en las sombras y sin el mando único de la inteligencia federal, se salda con la muerte de agentes en el terreno, las consecuencias dejan de ser un mero trámite administrativo o un “daño colateral”. En cualquier Estado de derecho moderno, un hecho de tal magnitud —que compromete la diplomacia, la seguridad interior y cobra vidas humanas— exige responsabilidades al más alto nivel. Sin embargo, la estrategia mediática y política del gobierno estatal ha optado por el deslinde apresurado. Se ha elegido la táctica del chivo expiatorio, atribuyendo toda la culpa a la supuesta insubordinación, ambición o mentira de la cabeza de la procuración de justicia local, ignorando un principio básico de la doctrina del mando: quien controla el aparato, responde por sus actos.
Es justamente en el terreno de la narrativa pública donde la gobernadora Maru Campos ha cavado su propia trampa. Entre versiones cambiantes sobre el conocimiento o auxilio a los agentes extranjeros, declaraciones contrapuestas frente al gobierno federal y el uso espurio del fuero constitucional para declinar comparecencias ministeriales directas, la estrategia de comunicación ha proyectado más debilidad que firmeza. En la alta política, y más aún en temas que tocan el nervio de la seguridad nacional, titubear ante micrófonos y cámaras no apaga el incendio; le echa gasolina. La opacidad en tiempos de crisis alimenta la especulación y erosiona la autoridad.
Jurídicamente, el estándar para retirar el fuero a un mandatario de elección popular es estricto. La declaración de procedencia requiere pruebas indubitables de dolo, complicidad directa o encubrimiento. No bastan los trascendidos periodísticos, ni las confesiones de un colaborador caído en desgracia, para enviar a un gobernador a los tribunales. Pero más allá de lo que dicten los códigos y los tribunales, la gobernabilidad exige prudencia, contención y lectura de la realidad.
El fuero protege al servidor público de la persecución penal arbitraria, pero no lo blinda contra el veredicto de la historia ni contra la pérdida de su capital político. Cuando la defensa mediática se convierte en un tropiezo diario y el gobernador se transforma en un pasivo para la estabilidad de su propio estado, guardar silencio, someterse a los cauces institucionales con total transparencia o, en el extremo, dar un paso al costado en favor de la paz social, es la más elemental y necesaria responsabilidad política. La historia está llena de mandatarios que cayeron por el peso insoportable de la ilegitimidad.
México no puede permitirse que la defensa de la soberanía se convierta en una moneda de cambio partidista, ni que el fuero constitucional se transforme en un cheque en blanco para la opacidad subnacional. La lección de esta crisis en Chihuahua es clara y debe servir como escarmiento para todo el sistema político: las instituciones se defienden con hechos, con pruebas y con congruencia. Porque al final del día, cuando se juega la seguridad de la nación, el silencio cómplice y la mentira piadosa también son formas de traición.