Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, la discusión sobre un nuevo juicio político dejó de ser una fantasía de Twitter para convertirse en una hipótesis jurídica razonable… y políticamente encajonada. La pregunta ya no es si hay materia para un impeachment, sino qué clase de sistema político tienes cuando la evidencia y la aritmética parlamentaria viven en universos distintos.
El estándar constitucional: “crímenes y faltas graves”
La Constitución de Estados Unidos no exige que el presidente cometa un delito tipificado en el código penal para ser destituido. Habla de traición, cohecho y “otros crímenes y faltas graves”, una categoría que históricamente ha abarcado abusos de poder, violaciones sistemáticas de derechos, desobediencia al Congreso y uso del cargo para socavar el orden constitucional. Ese estándar es deliberadamente político: lo que se juzga no es solo la legalidad fría de cada acto, sino si el comportamiento del presidente representa una amenaza al pacto constitucional. El impeachment es menos un juicio penal que una herramienta para responder a la pregunta: ¿esta persona puede seguir ejerciendo el poder sin destruir el sistema que lo sostiene?
A partir de 2025, Trump ha acumulado un repertorio de decisiones que, vistas en conjunto, dibujan un patrón claro de expansión agresiva del poder ejecutivo. Algunas piezas clave:
- La intervención militar en Venezuela sin autorización previa del Congreso, reinterpretando al extremo su rol de comandante en jefe y desplazando de facto el poder constitucional de declarar la guerra.
- La orden ejecutiva para mutilar la ciudadanía por nacimiento, intentando reescribir por decreto la 14ª Enmienda, uno de los pilares del constitucionalismo estadounidense moderno.
- El congelamiento masivo de fondos ya aprobados por el Congreso, con el Ejecutivo tratando el presupuesto federal como si fuera su caja personal y no el resultado de un proceso legislativo.
- Los perdones a cientos de participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero, usando el poder de clemencia no como acto de misericordia, sino como mecanismo para premiar lealtades en un intento previo de subversión electoral.
- La ofensiva contra migrantes y detenidos, combinando deportaciones exprés, recortes de protecciones y bloqueo de supervisión legislativa, hasta rozar frontalmente las garantías de debido proceso.
- La presión sistemática contra prensa, universidades y funcionarios críticos, con un uso instrumental del aparato estatal para castigar voces incómodas.
Cada uno de estos elementos, leído aislado, ya plantea dudas serias. Juntos, componen exactamente lo que los framers temían: un Ejecutivo que prueba, una y otra vez, dónde termina el papel y dónde empieza la resistencia real de las instituciones.
Project 2025: convertir la excepción en sistema
Si las acciones aisladas de Trump evidencian abusos, el marco ideológico que los ordena es Project 2025: un blueprint de gobierno que asume que el presidente debe capturar la burocracia, politizar agencias, disciplinar tribunales y someter cualquier contrapeso a lealtad personal. No es solo un programa de políticas públicas; es una teoría de poder.
En esa lógica, la intervención en Venezuela no es un exceso puntual, sino un ensayo de guerra presidencial sin Congreso. La orden sobre ciudadanía no es “un error interpretativo”, sino un intento consciente de imponer, por vía ejecutiva, una reinterpretación reaccionaria de la Constitución. Los perdones del 6 de enero no son un gesto de reconciliación, sino un mensaje a aliados presentes y futuros: el sistema se puede retorcer si estás del lado correcto.
Project 2025 convierte el impeachment en algo más que una respuesta a actos concretos: lo ubica como la única herramienta disponible cuando la arquitectura entera del proyecto presidencial está diseñada para erosionar, desde dentro, las bases del régimen.
El muro de números: por qué hoy no hay destitución
Y sin embargo, toda esta densidad jurídica choca contra una realidad tan simple como brutal: los números. El impeachment es un proceso bicameral. La Cámara solo necesita mayoría simple para aprobar artículos de destitución. Con una mínima ventaja demócrata —posible en 2026—, podría iniciar un nuevo proceso concentrado en Venezuela, ciudadanía, abusos migratorios y despliegues de Project 2025.
El Senado, en cambio, requiere dos tercios para condenar. Eso implica no solo unidad opositora, sino una fuga sustancial de senadores republicanos dispuestos a suicidarse políticamente en un partido que gira cada vez más en torno a la figura de Trump. El resultado: jurídicamente hay caso, políticamente hay coraza. La amenaza del impeachment existe como espada simbólica, pero no como guillotina real. Lo que se debate no es si Trump ha cruzado líneas que antes habrían encendido todas las alarmas, sino cuánto está dispuesto el Partido Republicano a tolerar a cambio de conservar el poder que su figura concentra.
2026 y después: el impeachment como fantasma movilizador
Las elecciones de mitad de mandato de 2026 son el siguiente punto de inflexión. Si los republicanos pierden la Cámara, el escenario de un nuevo impeachment es casi inmediato. El propio Trump lo sabe y lo explota: advierte que si su partido cae, “los demócratas van a inventar cualquier razón para destituirme”, convirtiendo el juicio político en arma de campaña y prueba de lealtad.
Pero incluso una Cámara demócrata no resolvería la ecuación del Senado. Lo que sí cambiaría es el tablero simbólico:
- El impeachment pasaría a ser un instrumento de documentación histórica y contención, más que de remoción real.
- Serviría para fijar, en actas oficiales, el catálogo de agravios constitucionales cometidos bajo la lógica de Project 2025.
- Podría obligar a senadores republicanos a votar a la vista del electorado sobre cada abuso concreto, algo que hoy prefieren diluir en ruido mediático.
A largo plazo, el riesgo no es solo que Trump no sea destituido, sino que un tercer impeachment fracase y normalice la idea de que el estándar de “crímenes y faltas graves” es, en la práctica, imposible de alcanzar para un presidente si su partido le es fiel. En ese punto, la herramienta pierde poder disuasivo: deja de ser remedio extraordinario y se convierte en ritual frustrado.
Cuando un presidente puede:
- iniciar operaciones militares discutibles sin autorización,
- desafiar texto constitucional claro,
- usar la clemencia para proteger a quienes intentaron sostenerlo en el poder,
- manipular el aparato estatal contra minorías, disidentes y controles,
y aun así seguir siendo prácticamente inamovible por diseño político, el foco se desplaza.
La verdadera pregunta a futuro no es si habrá un nuevo impeachment, sino si el sistema estadounidense seguirá siendo capaz de usarlo como mecanismo efectivo de autocorrección. Si la respuesta es no, el problema ya no es Trump: es el régimen que está aprendiendo a convivir con su propia excepción permanente.